Madrid, 19 de mayo de 2021.-
La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF,
acaba de publicar un nuevo Paper, el número 18, “La reforma de la LGT y la LJCA, en
relación con la entrada y registro en el domicilio por la AEAT: visos de
inconstitucionalidad “.
En este Paper, el autor José Luis Bosch Cholbi, profesor titular de Derecho Financiero
de la Universidad de Valencia y miembro de AEDAF, lleva a cabo un estudio
pormenorizado de la problemática relativa a las frecuentes entradas y registros
domiciliarios que lleva a cabo la AEAT.
Estos registros domiciliarios suelen llevarse a cabo con autorización judicial, aunque sin
solicitar normalmente el consentimiento previo del titular. El Tribunal Supremo, en dos
Sentencias de 2019 y 2020, concretó qué contenido y requisitos debía cumplir esa
autorización judicial, y exigió que, si no se ha notificado al contribuyente el inicio del
procedimiento inspector, la AEAT no puede dirigirse al juez.
La reacción de la AEAT ha sido inmediata. Tal y como se expone en el Paper de AEDAF,
se ha aprovechado la tramitación de un Proyecto de Ley de medidas contra el fraude
fiscal para intentar que se introduzcan unas modificaciones en la LGT y la LJCA que
pretenden dejar en papel mojado la doctrina garantista del Tribunal Supremo, reforzando
las actuaciones de la AEAT en el domicilio de manera tan deficiente e imprecisa que
generará una tremenda inseguridad jurídica a los contribuyentes, a los Tribunales de
Justicia y a la propia AEAT.Además, la reforma legislativa incumple la exigencia constitucional de que sea una ley
orgánica la que desarrolle ese derecho fundamental del art. 18.2 CE, por lo que podría
incurrir en inconstitucionalidad.
En definitiva, como explica Bosch Cholbi: “De aprobarse, en estos términos, la reforma
de la LGT y la LJCA, se traslada la impresión, no quimérica, de que solo merecen
previsiones legislativas especiales las entradas domiciliarias que lleva a cabo la AEAT,
y cuando el Legislador se decide a intervenir, solo lo hace para reforzar la
correspondiente potestad administrativa, cuando lo procedente hubiera sido llevar a
cabo una regulación completa y genérica del derecho fundamental ante las entradas de
las administraciones públicas en domicilio, en su conjunto”.